La perspectiva
penal en la persecución de infracciones de derechos de propiedad industrial e
intelectual es de evidente importancia, teniendo en cuenta que la globalización
(no olvidemos las cada vez más sofisticadas redes de falsificación a nivel interestatal)
y los nuevos medios tecnológicos son un caldo de cultivo muy apropiado para la
comisión de delitos dentro de este sector.
En los Estados de Derecho que constituyen la Unión Europea, esta
actividad contra el delito -y no sólo de propiedad industrial e intelectual- no
puede pasar por alto las garantías de cualquier persona inmersa en un caso de
tal naturaleza penal. Y en especial, el
derecho a una justicia efectiva, que implica la necesidad de establecer un
sistema de asistencia jurídica gratuita cuando las circunstancias lo requieran.
En esta línea, el Consejo de la Unión Europea ha dado
recientemente su aprobación a la Directiva relativa al “derecho a la asistencia
jurídica gratuita de los ciudadanos sospechosos o acusados de un delito y de
aquellos que sean objeto de una orden europea de detención”. Los elementos que
caracterizan esta Directiva son los siguientes:
- · concesión de la asistencia gratuita desde e las primeras fases del procedimiento penal.
- · establecimiento de criterios claros y uniformes para la concesión de la asistencia gratuita, en función de los recursos económicos del interesado y de la real necesidad de dicha asistencia conforme a las circunstancias -gravedad del asunto y de la sanción; complejidad del caso-, en aras a conseguir una justicia efectiva.
- · rapidez en la decisión de la concesión total o parcial –o la eventual denegación-, con la motivación al interesado en cada caso.
- · seguimiento de la calidad en la asistencia jurídica gratuita, incluida la formación de los abogados.
Esta Directiva se incardina dentro del objetivo general de la
Unión Europea de una progresiva integración de los Estados miembros en una
normativa común y uniforme que refuerce la cohesión europea en favor de sus
ciudadanos.
Los derechos que se derivan de la repetida Directiva serán
efectivos a partir de mayo de 2019.
